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IMPIDEN INGRESO A AREAS RURALES


México: los efectos insospechados del narcotráfico


Foto Ilustrativa

En sus guerras territoriales, los cárteles de la droga en México están interrumpiendo importantes servicios públicos en el país, como la entrega de gasolina, cheques de pensiones y ayuda a campesinos. También están comenzando a interferir con las actividades del gobierno en partes del país, impidiendo a los trabajadores que ingresen a sus territorios , suspendiendo algunos de los servicios más básicos.

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Hace seis meses, cinco trabajadores de Pemex, una planta de licuefacción de gas cerca de la frontera con Estados Unidos, ingresaron a su trabajo en su horario normal y nunca se volvió a saber de ellos. Aparentemente, unos hombres enmascarados miembros de un cártel de la droga en el área habían advertido a los empleados de Petróleos Mexicanos que no se les permitiría ingresar al sector.

Casi en la misma fecha, tres inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente se dirigieron a las montañas boscosas al oeste de la Ciudad de México para investigar una denuncia de contaminación. Sus cadáveres torturados aparecieron al día siguiente. Las autoridades dicen que los hombres habrían encontrado un laboratorio de drogas y por eso fueron asesinados.

Los cárteles no sólo matan a policías y alcaldes para controlar territorio, ahora también tratan de impedir que cualquier persona, desde funcionarios de nivel medio hasta camioneros de entregas e inspectores de sistemas de electricidad, agua o combustible, ingresen a las áreas rurales que ellos usan para el transporte de drogas. En el proceso, están bloqueando la entrega de gasolina, cheques de pensiones, la ayuda a los campesinos y otros servicios para los mexicanos.

Los cárteles además roban o extorsionan a personas que reciben cheques del gobierno, extendiendo sus actividades a otros negocios criminales. Esos problemas afectaron también a Estados Unidos, ya que las inspecciones agrarias en la frontera disminuyeron.
"Todo está paralizado", dijo María Luz Hopkins, una jubilada de 69 años en Tubutama, al sur de la frontera con Arizona. Nadie está trabajando en los campos porque no tienen gasolina ni diesel”. Hopkins se quejó ante las autoridades en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, cuando el gobierno dejó de entregar los cheques de pensiones.

Sin embargo, los funcionarios federales dicen que esos casos son incidentes aislados y niegan que exista un área del país en la que el gobierno no pueda operar. “Puede que haya habido incidentes, pero eso no significa que la actividad del gobierno haya cesado en algunas partes del país”, dijo el portavoz federal de seguridad Alejandro Poiré. Añadió que si algo sucede, las fuerzas federales estarán ahí para hacer cumplir la ley y mantener las operaciones del gobierno.

Sin embargo, en áreas a lo largo de la frontera o en las montañas del interior, fugaces patrullas militares y breves visitas de funcionarios del censo no pueden ser consideradas control gubernamental. Incluso el personal militar está nervioso e insiste en lucir máscaras para no ser reconocidos.

Para Pemex, “los secuestros son un problema extendido”, dijo el director general Juan Suárez Coppel. No se limitan a una planta y siguen creciendo. Un total de 10 empleados o subcontratistas de Pemex fueron secuestrados en cuatro estados mexicanos en 2010, comparados con uno solo en 2009, dos en 2008 y tres en 2007.

Pemex, la mayor empresa del país, que provee aproximadamente el 40% de los ingresos del gobierno federal, no ofrecía estimados sobre las pérdidas financieras sufridas. La compañía no dijo qué pasó a las víctimas ni cuánta producción se perdió a causa de problemas de la seguridad en los estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Tabasco.

Carlos Morales Gil, director de Exploraciones y Producción de Pemex, dijo que "se vienen una serie de circunstancias complicadas para operar, en ocasiones de bloqueo, no de toma de instalaciones. No se llegó a esa situación pero sí se pudo impedir el paso de las personas que van a trabajar a algunas instalaciones, e incluso, se privó de la libertad a algunas personas".

LA OTRA CARA DEL NARCOTRÁFICO

Muchos residentes de Tubutama se fueron porque temen que el gobierno no los pueda proteger, de la misma forma en que lo hicieron los residentes de Ciudad Juárez y ciudades pequeñas a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

La electricidad fluye gratis porque los inspectores se niegan a ir a revisar los medidores, dijo un campesino, quien pidió que su nombre no fuese revelado porque teme por su seguridad en el área fronteriza. Además agregó que el gobierno federal dejó de entregar los pagos del programa antipobreza del presidente Felipe Calderón.

El programa informó haber sufrido 134 robos de entregas a pueblos en los últimos dos años y medio, y una pérdida de unos 1,1 millones de dólares. La mayoría de los robos ocurren en el área conocida como el Triángulo Dorado, donde se tocan los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Social, que administra el programa.

Los médicos no se presentan en la clínica de salud en Tubutama, las escuelas cerraron temprano el año pasado a causa de los tiroteos que hicieron que los niños no puedan ir a clases y los estantes en las tiendas de abastecimiento están vacíos porque los camiones de suministros no llegan al pueblo de 1.500 habitantes.

La pérdida es un mínimo porcentaje del total del programa, de unos 2.000 millones de dólares anuales. Los funcionarios dicen que usualmente tratan de reprogramar una nueva entrega en unos pocos días para el área afectada, donde los cheques a menudo son casi la única forma de ingresos, pero en algunos casos demora semanas.
En el estado fronterizo de Chihuahua, que incluye a Ciudad Juárez, las pandillas de la droga, y los criminales que trabajan para ellas, se volvieron tan poderosos que les roban los cheques de ayuda a los agricultores locales.

El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció que existen problemas con la entrega de ayuda agraria a la zona. "Aquí hay un problema porque tenemos la obligación legal de publicar las listas de beneficiarios. Sin embargo, tenemos un hecho lamentable que es en contra de la seguridad de los beneficiarios", dijo Mayorga.

Grupos de agricultores de Chihuahua pidieron el mes pasado a la secretaría que suspenda la práctica. Rubén Chávez, líder de la cooperativa Unipro, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, dijo que los criminales amenazan a la gente con quemarles las granjas o hacer daño a sus hijos si no les dan el dinero.

En el caso de los inspectores ambientales, las autoridades están casi seguras de que los traficantes los torturaron y asesinaron junto con un residente local que servía de guía luego que el grupo se topó con un laboratorio de drogas. Christopher Cadena, de 22 años, fue uno de los cinco trabajadores de Pemex que desaparecieron cerca de la ciudad fronteriza de Reynosa. El área, al otro lado de McCallen, Texas, es centro de la violenta rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, una brutal pandilla formada por ex soldados.

El padre de Cadena, que pidió que su nombre no fuera publicado, dice que la pandilla que secuestró a su hijo quería el área despejada para transportar sus drogas. "Los otros cuatro muchachos, colegas de mi hijo, habían sido amenazados el viernes previo. Ellos les dijeron que no querían verlos de nuevo por allí", dijo el padre, quien añadió que las amenazas fueron hechas por hombres con uniforme militar que llevaban fusiles automáticos, pero lucían zapatillas deportivas en lugar de botas.

Mexico
13/11/2010



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