"Es parte de un proceso de selección y formación de nuevos mandos superiores", argumentó el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al anunciar la decisión.

La medida afecta a mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En conferencia de prensa, García Luna dijo que los oficiales serán sometidos a cursos de capacitación y evaluaciones que determinarán sus permanencia en la Policía Federal.

García Luna explicó que algunos de los altos mandos destituidos fueron separados de sus cargos por haberse negado a ser sometidos a una investigación interna, ordenada en marzo pasado por el presidente Felipe Calderón.

A poco de asumir en diciembre pasado, el mandatario lanzó una ofensiva contra los carteles de la droga, enviando a unos 25.000 soldados y policías federales a varios estados.

Lejos de lo esperado, la violencia no disminuyó y en lo que va del año se cobró la vida de unas 1.400 personas, según estiman los medios mexicanos.

Víctimas

Varias de estas víctimas son agentes de la policía y funcionarios locales, cuyas muertes serían producto de ajustes de cuentas de los grupos delincuentes.

Según expertos mexicanos, los bajos salarios, son a menudo un buen caldo de cultivo para que las organizaciones mafiosas tienten con fuertes sumas de dinero a los responsables de la seguridad.

En lo que va del año, centenares de agentes municipales y estatales fueron separados de sus cargos e investigados, especialmente en los estados de Nueva León, en el norte y Michoacán, en el oeste.

En marzo pasado, el presidente Calderón ordenó aplicar "exámenes de confianza" a los mandos policiales que comprendían pruebas psicológicas, médicas, antidoping y patrimoniales.

Vuelta a los cuarteles

"Quien no quiera someterse a esos exámenes, no puede estar en la policía", advirtió García Luna, para quien estas pruebas tienden a garantizar la honestidad, transparencia y eficiencia de la policía federal.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, el funcionario añadió que esta depuración, demuestra que el presidente "quiere fortalecer a las policías para que el Ejército algún día pueda regresar a los cuarteles".

Algunos dirigentes y expertos mexicanos criticaron el uso de la fuerza militar en esta campaña contra las organizaciones criminales.

Mientras consideran este despliegue excesivo y peligroso para el respeto de los derechos humanos, por otra parte temen de que si la campaña fracasa, desprestigie al Ejército y ponga al país en una situación de desgobierno y caos.