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DEFENSA


Reanudan juicios contra genocidas


Foto Ilustrativa

El juicio por el caso llamado octubre negro se reanudará el próximo lunes en la ciudad boliviana de Sucre, después de la suspensión pedida por uno de los acusados por problemas de salud.

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El juicio por el caso llamado octubre negro se reanudará el próximo lunes en la ciudad boliviana de Sucre, después de la suspensión pedida por uno de los acusados por problemas de salud, comunicó una fuente oficial.

 

  El presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, referido hoy por la prensa nacional, señaló que el general Juan Véliz, detenido en el penal de San Roque, de esa urbe, fue quien solicitó la suspensión.

 

El tribunal habilitará, para la continuación del juicio, los días que sean necesarios de la vacación judicial de la Corte Suprema de Justicia de la nación y de ser pertinente los sábados y domingos también, manifestó Irusta.

 

Mientras, la defensa de las víctimas de los sucesos considera que son intentos por dilatar el proceso que ya se encuentra en la fase final.

 

Al respecto, el fiscal del caso, Milton Mendoza, dijo recientemente que los tres exministros bolivianos, imputados en ese caso y refugiados en Perú, podrían ser extraditados por el cambio de gobierno cuando juramente el presidente electo Ollanta Humala.

 

Recordó que Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda), están acusados de genocidio, al igual que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros miembros de esa administración por la muerte de más de 60 personas durante la represión militar de octubre de 2003.

 

La autoridad judicial consideró que la situación podría cambiar ya que el asilo fue en el gobierno de Alan García.

 

En octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.

 

El exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 67 muertes y más de 400 heridos.

 

La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de dos de sus ministros.

 

Fuente: Prensa Latina
Bolivia
06/07/2011




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