PANAMÁ - Según Luis Zegarro, director institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) dependiente del Ministerio de Seguridad Pública se elaborará una ley para regular las agencias de seguridad privada. 

Se interpreta que se refiere a las de vigilancia, la típica empresa que provee el servicio de hombres y mujeres uniformados para diferentes actividades relacionadas con la prevención de hurtos, robos, desórdenes, etc. etc.  Las cuales cubren una franja importante de la actividad preventiva relacionada a evitar situaciones no deseadas, como lo son también los incidentes en obras en construcción, donde estos servicios han venido a disminuirlos considerablemente y reducir significativamente costos.

¿Y las otras relacionadas qué? Las de monitoreo, las de transporte de valores, las blindadoras, los “asesores/consultores” que salen de entre las piedras, las vendedoras de productos directamente relacionados, los departamentos de seguridad, las oficinas de seguridad, etc. etc. 

Según la CAPASEP (Cámara Panameña de Seguridad Privada) el negocio formal mueve unos 200 millones de balboas al año. La ley colaborará a reducir significativamente a las informarles que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ni aportes sociales, ni seguros (poniendo en riesgo “también” al contratante ya que es solidariamente responsable de cualquier hecho que acontezca.

No solamente hay que pensar en regularlas, sino también en fiscalizarlas teniendo que ser todos sus actores aptos para la función. 

Formación, capacitación, regulación y fiscalización aplicando sin distingos la ley, podría ser la fórmula para que el sector se organice, ordene y mejore en sus prestaciones. 

Durante el 2014 un proyecto propuesto por el gobierno anterior, no pasó de un segundo debate. Más allá de quién se el proyecto, lo de valor es el fin del mismo y los beneficios que traerá no sólo al sector, sino a la sociedasd toda que directa e indirectamente consume el servicio.